Cuando en 2018 fue lanzada la hoja de ruta de la Estrategia Digital del Estado, se destacaba dentro de sus principales líneas de acción la protección del territorio frente a las amenazas de ciberseguridad.
En ese documento, el Ejecutivo establece la necesidad y urgencia para adoptar medidas que brinden confianza y los resguardos de ciberseguridad para aquellos que están encargados de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios, así como la integridad y confidencialidad de la información en poder de la Administración, particularmente cuando se trata de datos personales.
Estrategia de Ciberseguridad que cruce las organizaciones
De esta manera, se deja entender la seguridad en el ciberespacio no es un tema que sólo afecta a particulares, sino que su alcance es de interés nacional, lo que le ha llevado a ser incluida dentro de la agenda legislativa priorizada en materia de seguridad dentro de la Ley Marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, la que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
A modo de contribuir para otorgar una mejor calidad de vida a las personas, es que el Estado ha buscado modernizarse por medio de la transformación digital, brindando así mejores oportunidades y seguridades a la ciudadanía y para ello se vuelve necesario contar con sólidas defensas en esta área tanto en lo regulatorio como en materia educativa.
Al respecto, Carlos Bustos, presidente de la mesa de Ciberseguridad de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información A.G. (ACTI) y Gerente Corporativo Ciberseguridad de SONDA comenta que “contar con una potente estrategia de ciberseguridad nos brinda un amplio espectro de posibilidades; permite brindar apoyo tanto a los emprendimientos y a las economías digitales, así como lleva a los ciudadanos a tomar conciencia sobre la importancia que tiene la protección de sus datos personales y los desafía a estar atentos frente a posibles amenazas y poner en práctica su ciudadanía digital”.
En cuanto a este último concepto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se refiere a ellas como el conjunto de competencias que permite a las personas acceder, comprender, analizar y utilizar el entorno digital, de manera crítica, ética y creativa.
A similares conclusiones llegó en julio, la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, la que a través de una serie de rondas de trabajo llegó a la conclusión de la necesidad de contar con una política robusta, la profundización de la transformación digital del Estado, la necesidad de una gestión del cambio y la necesaria creación de gobernanzas apropiadas, sin dejar de promover la educación y formación en ciberseguridad, lo que quedó plasmado en el documento “Construyendo la Ciberseguridad en Chile“.
“Nuestro comité ejecutivo tiene contemplado analizar medidas específicas en las que podamos servir de ayuda y apoyo tanto para el Gobierno como para el mundo privado. De esa manera podremos ser una guía para implementar y fortalecer la ciberseguridad de manera real a nivel país”, añade Bustos de ACTI.