Chile atraviesa un periodo decisivo en materia de ciberseguridad. La consolidación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la calificación de los operadores de importancia vital y el avance en la definición de estándares básicos obligatorios están llevando a instituciones públicas y privadas a revisar cómo protegen sus sistemas, sus datos y la continuidad de sus servicios.
Este escenario adquiere especial relevancia para sectores como energía, transporte, salud, telecomunicaciones, servicios financieros y seguridad pública, donde un incidente digital puede dejar de ser un problema exclusivamente informático y afectar directamente la operación, la atención a las personas o la disponibilidad de infraestructura crítica.
Del cumplimiento normativo a la resiliencia operacional
La Ley N° 21.663 establece obligaciones permanentes para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad. Sin embargo, cumplir con protocolos o completar evaluaciones no garantiza por sí solo que una organización pueda mantener sus servicios frente a un ataque. El desafío será probar que los planes funcionan, que las responsabilidades están claras y que existen capacidades reales de recuperación.
“Las organizaciones tendrán que pasar de demostrar que cuentan con políticas a comprobar que pueden sostener su operación durante un incidente. La resiliencia se construye antes de una crisis, identificando activos y dependencias, reduciendo puntos vulnerables y practicando cómo responder cuando una tecnología deja de estar disponible”, señaló David Méndez, Business Development Manager de Genetec.
La convergencia entre seguridad física y digital
La expansión de dispositivos conectados también amplía la superficie de ataque. Cámaras, sensores, controles de acceso y otros equipos pueden operar durante años y, si no se administran correctamente, conservar credenciales débiles, firmware desactualizado o configuraciones que faciliten accesos no autorizados.
“La ciberseguridad de una organización no termina en sus computadores o servidores. Debe considerar cada dispositivo conectado a la red, con autenticación robusta, permisos centralizados, comunicaciones cifradas y actualizaciones continuas. Si las áreas responsables trabajan de forma aislada, pueden quedar brechas invisibles entre la infraestructura física y la digital”, agregó Méndez.
Datos, inteligencia artificial y confianza
Otro reto será aprovechar la inteligencia artificial sin perder el control sobre la información. Estas herramientas pueden ayudar a detectar patrones, priorizar alertas y acelerar investigaciones, pero su uso debe contemplar propósitos definidos, supervisión humana y reglas claras sobre qué datos se recopilan, durante cuánto tiempo se conservan y quiénes pueden acceder a ellos.
La entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, prevista para el 1 de diciembre de 2026, elevará además las exigencias sobre privacidad y gobernanza. Para las organizaciones, esto significará revisar no solo la seguridad técnica de sus plataformas, sino también la trazabilidad, minimización y protección de la información durante todo su ciclo de vida.
Proveedores, personas y capacidad de respuesta
Las cadenas de suministro tecnológicas seguirán siendo un punto crítico. Una organización puede fortalecer sus controles y continuar expuesta a través de proveedores, integraciones o componentes sin soporte. Evaluar a terceros y mantener visibilidad sobre las dependencias será parte fundamental de la gestión de riesgos.
“Chile está dando pasos importantes con una institucionalidad y estándares más claros. El desafío ahora es que ese avance se traduzca en prácticas cotidianas, tecnologías seguras por diseño, capacitación y una colaboración efectiva entre áreas, proveedores e instituciones. La ciberseguridad debe entenderse como una capacidad permanente para proteger a las personas y mantener los servicios disponibles”, concluyó Méndez.
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