La discusión sobre la futura Ley de IA en Chile ha tomado velocidad, pero no necesariamente profundidad técnica. Las observaciones planteadas por organizaciones como la ACTI y otros gremios tecnológicos reflejan un punto crítico: regular la IA en Chile no es solo legislar, es diseñar una arquitectura regulatoria que sea operativamente viable, tecnológicamente consistente y financieramente sostenible para el ecosistema digital chileno.
Hoy el país avanza en paralelo en diversas exigencias normativas —Ley de Delitos Informáticos, Ley Marco de Ciberseguridad, Nueva Ley de Protección de Datos— que, si bien responden a necesidades legítimas, están generando un costo regulatorio acumulado que no puede ignorarse. Estudios recientes indican que las empresas destinan hasta 19% de su presupuesto tecnológico al cumplimiento. Este nivel de carga afecta la capacidad de desplegar proyectos de automatización, analítica avanzada e IA aplicada a operaciones críticas como logística, riesgo, soporte y experiencia de cliente.
La preocupación del sector no es ideológica: es técnica. La IA en Chile es una tecnología altamente dependiente de acceso a datos, iteración rápida, modelos adaptativos y ciclos continuos de mejora. Una regulación diseñada sin comprender estas dinámicas puede generar efectos contrarios a los buscados: aumentar la fricción operacional, elevar los costos de implementación y limitar la capacidad de innovar en áreas donde Chile ya presenta brechas de productividad.
Ley de IA en Chile y una importante preocupación técnica
El ejemplo europeo es ilustrativo. La Unión Europea está revisando su AI Act precisamente porque su enfoque inicial —centrado en clasificación rígida de riesgos y obligaciones generalizadas— demostró tener efectos adversos en startups, proveedores de servicios y laboratorios de investigación. Estados Unidos, por el contrario, avanza hacia marcos más adaptativos, basados en estándares, auditorías técnicas y guías dinámicas. Ese contraste evidencia que el diseño regulatorio debe ser flexible y evolutivo, no prescriptivo y estático.
A esto se suma otro problema: el proceso. El seminario “IA para Chile” no constituye una instancia formal de participación técnica. Y una ley de esta envergadura requiere algo más que eventos: demanda mesas expertas permanentes, evaluaciones de impacto regulatorio y análisis comparado serio de los distintos modelos internacionales.
Desde la experiencia, se observa que los mayores avances provienen de marcos que definen principios claros, estándares auditables y roles de responsabilidad, más que de normativas detallistas que quedan obsoletas en pocos meses.
Una regulación adecuada puede impulsar la adopción responsable, fortalecer la confianza de los usuarios y elevar el estándar de la industria. Una regulación apurada o técnicamente inconsistente puede, en cambio, generar cuellos de botella. Para diseñar un marco que proteja derechos sin comprometer el crecimiento tecnológico necesita más ingeniería regulatoria y menos prisa legislativa.
Columna redactada por Julio Farías, CEO de Zerviz. Conoce más artículos de opinión en Zoom Tecnológico.
Puedes revisar más información relativa a noticias de tecnología | Instagram | YouTube | Especial de prensa de CES 2026
About The Author
