El próximo 1 de diciembre entraría en vigencia la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, la norma que busca regular la forma y las condiciones en que se realiza el tratamiento de datos personales en Chile, elevando el estándar nacional al nivel de las legislaciones más exigentes del mundo.
Aunque recientemente la Comisión de Constitución del Senado aprobó una iniciativa para postergar su entrada en vigencia hasta el 15 de octubre de 2027 y dar así más tiempo a los organismos públicos y a las empresas, esa fecha no será efectiva hasta que el proyecto complete su tramitación: aún debe verse en la Comisión de Hacienda del Senado y luego ser promulgado y publicado. Mientras eso ocurre, el plazo del 1 de diciembre sigue formalmente vigente, y con él la urgencia de adecuarse.
Biometría e IA: los datos más sensibles de la nueva ley
Uno de los ejes centrales de la nueva norma es cómo trata los datos biométricos y los asociados a sistemas de inteligencia artificial. Industrias como la banca, la salud, las telecomunicaciones y el retail están incorporando biometría para personalizar servicios y autenticar a sus usuarios, desde el reconocimiento facial en sucursales hasta la verificación de identidad en aplicaciones. La ley los considera una categoría especial, con condiciones específicas y reforzadas para su tratamiento.
Las organizaciones que tratan datos personales deberán señalar qué datos recolectan, con qué objetivo y si los comparten con terceros, además de implementar modelos de prevención de infracciones. Sobre este punto, el pasado 9 de septiembre se publicó el Decreto Supremo N° 662, que establece los requisitos, modalidades y procedimientos para la implementación, certificación, registro y supervisión de esos modelos.
Alineación con el GDPR y el liderazgo regional chileno
La Ley 21.719 se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, considerado uno de los marcos más estrictos del mundo. La convergencia no es casual: para las compañías chilenas que operan con Europa o procesan datos de ciudadanos europeos, cumplir un único estándar alto simplifica toda la cadena de negocio digital.
El contexto regional apunta en la misma dirección. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, cuyos resultados ya cubrimos en Zoom Tecnológico, Chile es uno de los países que lidera la región en conectividad, disponibilidad de datos, políticas públicas y ética digital. Un marco legal moderno es la continuación natural de ese liderazgo.
Los datos como infraestructura crítica de la economía digital
Para Miguel Villar, gerente general de redvoiss, tanto el reglamento como la ley son piezas fundamentales para enfrentar un escenario donde los datos son parte de una infraestructura crítica para la economía digital.
«Definir y mejorar los estándares para el uso de datos biométricos y su resguardo», agrega, «es vital en industrias donde la autenticación de usuarios se volvió parte de la experiencia cotidiana de millones de personas».
La Agencia de Protección de Datos Personales quedará a cargo de registrar los modelos de prevención, certificar su cumplimiento y supervisar su operación, con facultades de fiscalización que hasta ahora no existían en Chile. Para las PyMEs el desafío será doble: adecuarse a tiempo y hacerlo sin grandes equipos legales, un espacio donde las soluciones tecnológicas de gestión de datos jugarán un rol clave.
Chile lleva años construyendo su reputación digital regional; ahora necesita que sus empresas la respalden con datos tratados con estándar de primer mundo. La ironía es que muchas organizaciones todavía esperan la confirmación final del calendario legislativo para moverse, cuando sus clientes ya exigen hoy el mismo resguardo que la ley recién impondrá. La protección de datos dejó de ser un asunto de cumplimiento: es la nueva fachada de la confianza digital, y las empresas que la entiendan primero convertirán en ventaja competitiva lo que otras vivirán como costo.
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