El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó un documento que establece los detalles de la Ley de Transformación Digital, cumpliendo así con el plazo establecido en la norma promulgada el 11 de noviembre de 2019 y que tiene tres pilares: Cero Filas, Cero Papel e Identidad Digital, avanzando en poner al Estado al servicio de las personas.
El documento establece la gradualidad de la implementación de la Ley de Transformación Digital, con plazos diferenciados para las instituciones en función de sus capacidades, presupuesto y madurez tecnológica, con un plazo máximo de cuatro años para implementar las diferentes iniciativas. De esta manera, los primeros organismos en avanzar en el proceso de transformación digital serán las Instituciones de la Administración Central del Estado, la Contraloría General de la República y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, seguidas por los Gobiernos Regionales y los Municipios.
Plazos para ir avanzando en esta Ley de Transformación Digital
Asimismo, el decreto define, entre otras cosas, plazos claros para la implementación de diferentes materias, como las comunicaciones oficiales electrónicas entre órganos del Estado, además de notificaciones electrónicas, digitalización de trámites, gestión de expedientes electrónicos, digitalización de documentos presentados en formato papel e interoperabilidad de las instituciones, lo que es fundamental para empujar los necesarios procesos de transformación digital en los organismos públicos.
Además, establece que las comunicaciones oficiales entre los organismos públicos deben ser 100% electrónicas a fines de 2022. Para lo anterior, Gobierno Digital, entidad dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, desarrolló la plataforma DocDigital, la que ya está siendo implementada y utilizada por el 65% de las instituciones de la administración central del Estado para que de vida a esta Ley de Transformación Digital.
Algo relevante a considerar es que esta Ley de Transformación Digital establece que todos los trámites deberán estar digitalizados a fines del año 2023. Esto permitirá un ahorro sustancial para las personas y para el Estado, ya que un trámite digital es un 75% más rápido y un 95% más barato que uno presencial.
De acuerdo al Registro Nacional de Trámites, actualmente el 63,5% de los trámites de la administración central del Estado están digitalizados, lo que es un buen avance para cumplir la primera meta, que es alcanzar el 80% de digitalización a diciembre de 2021.
Finalmente, respecto a la interoperabilidad de las instituciones, que permitirá que la gente se olvide de las filas en una oficina y que un servicio público no le pida un certificado o papel que ya está en manos del Estado, se espera que esté completamente operativa a fines del 2024.
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