Los recientes casos de corrupción que han salido a la luz en el último tiempo no solo socavan la confianza en las instituciones, sino que vuelven a poner en evidencia la fragilidad de nuestro sistema y la falta de una cultura de cumplimiento normativo capaz de anticipar, detectar y contener estos desvíos en el uso de los recursos públicos.
Hemos sido testigos, en apenas semanas, de múltiples episodios con un común denominador, que es la ausencia total de controles efectivos. El caso de las licencias médicas fraudulentas, que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con autorizaciones laborales; la investigación sobre el uso de recursos públicos en la campaña del gobernador Claudio Orrego, detectada por la Contraloría; y el caso ProCultura, donde se indaga un presunto fraude al Fisco por más de 6.000 millones de pesos en el marco de contratos entre fundaciones y organismos estatales, son ejemplos distintos, pero todos son resultado de un mismo vacío.
¿Dónde estaba el compliance cuando estas decisiones se tomaban? ¿Quién controlaba los límites entre lo público y lo privado, entre la función administrativa y el interés electoral?.
Compliance: Leyes, regulaciones, códigos y estándares éticos
Resulta evidente que los sistemas actuales de control son, en todos los casos, una reacción ante la corrupción. La fiscalización posterior, los sumarios administrativos y las investigaciones judiciales llegan demasiado tarde. Lo que causa que el daño reputacional, la erosión institucional y la pérdida de recursos públicos ya se han consumado cuando nuestro sistema reacciona.
Este no puede seguir siendo nuestro método. Hoy existe tecnología comprobada que está disponible y permite anticiparse. Herramientas basadas en inteligencia artificial, cruces automatizados de datos, sistemas de alerta temprana y análisis predictivo facilitan, por ejemplo, detectar patrones de licencias médicas reiteradas, adjudicaciones de recursos a entidades relacionadas, o desviaciones presupuestarias inusuales. Esta tecnología es una realidad al alcance del Estado, y no usarla equivale a una renuncia deliberada al deber de prevenir.
En el sector privado, el cumplimiento normativo dejó hace tiempo de ser un “compliance de papel”. Se ha convertido en una función estratégica, capaz de generar alertas en tiempo real, establecer políticas claras de control, gestionar matrices de riesgo y operar con independencia. Esta misma lógica tiene que aplicarse al sector público. No como una carga burocrática, sino para proteger la función pública, garantizar el buen uso de nuestros recursos y restaurar la confianza ciudadana.
Chile cuenta con marcos legales que consagran principios de probidad y transparencia, pero carece de una infraestructura moderna que permita hacerlos cumplir de manera eficaz y preventiva. El cumplimiento normativo debe ser transversal, autónomo, tecnológicamente habilitado y con estándares claros. De lo contrario, seguiremos enterándonos por la prensa de hechos que pudieron haberse evitado si el sistema hubiera estado mirando en la dirección correcta.
No se trata de llorar sobre la leche derramada. Se trata de construir una administración pública que no dependa exclusivamente de la buena fe de sus funcionarios, sino de estructuras sólidas que impidan que el poder y los recursos públicos se desvíen de su propósito. El compliance público no es un ideal, es una necesidad operativa urgente.
Mientras no asumamos esta transformación como política de Estado, seguiremos preguntándonos, una y otra vez, dónde estaba el control cuando más lo necesitábamos.
Columna redactada por Luis Vásquez Tudela, Chief Revenue Officer de Snap Compliance. Conoce más artículos de opinión en Zoom Tecnológico.
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